Fichero de morosos

24.000 euros de indemnización por ser inscrita en un fichero de morosidad

15 Dic. 2021

Una entidad crediticia ha tenido que indemnizar a una mujer con una elevada cifra de dinero por incluir sus datos en un fichero de morosidad sin haberse percatado de que alguien había suplantado su identidad cuando un tercero contrató a su nombre el crédito.

La afectada se enteró de que sus datos figuraban en uno de estos ficheros cuando al acudir a su banco de confianza, le negaron financiación por el impago de un crédito que ella jamás había pedido.

Con todo esto decidió reclamar acompañando dicha reclamación de la pertinente denuncia realizada ante la policía en el año 2018 por el robo de su cartera, la posterior denuncia efectuada en marzo del 2021 por haberse contratado un préstamo a su nombre y los correos electrónicos enviados a NBQ Technology,  empresa a través de la cual fue contratado el préstamo por medio del conocido portal “ queBueno.es”,  con la exposición de todos estos hechos y la petición de que fueran retirados sus datos personales de los sistemas comunes de información crediticia.

A su vez, la entidad prestataria que fue informada de dicha reclamación por la afectada, se limita a manifestar que dado que el préstamo fue impagado, la deuda fue inscrita en los ficheros de solvencia patrimonial. 

Por otra parte, manifiestan, que NBQ nunca supo que la afectada había sido víctima de una suplantación de identidad por lo que su actuación fue correcta y diligente.

Pero la Agencia Española de Protección de datos considera que la NBQ quebrantó el artículo 6.1 del Reglamento General de Protección de Datos ya que la entidad crediticia “ no tuvo las cautelas necesarias para acreditar la legitimación del contratante” y cree que la misma ha cometido una falta de diligencia evidente en el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la normativa de protección de datos.

Por todo lo anterior, la AEPD sancionó a NBQ a indemnizar a la afectada con 40.000 euros. Sin embargo, la entidad reconoció el pasado 1 de diciembre su responsabilidad y pudo acogerse a la reducción de la sanción por pago voluntario, abonando a la afectada finalmente la cuantía de 24.000 euros.

En este caso vemos cómo la avaricia de este tipo de entidades por ofrecer crédito en muchas ocasiones, sin tomar las precauciones necesarias y saltándose la propia normativa legal, puede acarrear para las mismas, como en el presente caso, consecuencias legales y económicas más que merecidas. 

Si usted se encuentra en una situación parecida, contacte con nuestros servicios legales para analizar su caso.